La Corte tomó decisiones esta semana sobre lenguaje inclusivo, las declaraciones obtenidas mediante tortura y la regulación de la LLave MX. Te lo cuento.
- Protección al español y al lenguaje inclusivo
La Corte validó un artículo de la ley de Chihuahua y determinó que la enseñanza de las reglas gramaticales y ortográficas del español no afecta la libertad de expresión y no prohíben ni frenan la enseñanza del lenguaje inclusivo. El Máximo Tribunal señaló que el lenguaje no sexista es una herramienta que contribuye a visibilizar a las mujeres, combatir estereotipos de género y avanzar hacia una igualdad sustantiva pues el sistema educativo debe garantizar una educación accesible e inclusiva. (2:04:30 a 2:04:36 “La disposición permite una interpretación conforme que no impide la enseñanza del lenguaje inclusivo”) https://www.youtube.com/watch?v=FsGp8K2_R6I. Acciones de Inconstitucionalidad 127/2025 y su acumulada 133/2025. Resueltas en sesión de Pleno el 31 de agosto de 2026. - Valoración de denuncias de tortura
Se determinó que si un testigo se retracta en un juicio y afirma que declaró bajo tortura, las personas juzgadoras están obligados a investigar inmediatamente y verificar que la prueba haya sido obtenida de manera lícita. El asunto corresponde al caso de una persona en Oaxaca que se retractó durante el juicio y señaló que había sido obligado a incriminar a otra persona sufriendo tortura al rendir su declaración. La Corte reiteró que el debido proceso prohíbe que una persona sea juzgada con pruebas obtenidas mediante violaciones a derechos humanos. Amparo Directo en Revisión 7684/2023. Resuelto en sesión de Pleno el 02 de septiembre de 2026. - Federación debe regular LlaveMX
Se invalidaron disposiciones que daban a la Agencia de Transformación Digital del Estado de Morelos la facultad de administrar y emitir lineamientos de la Llave MX y su operación en el Expediente Digital Ciudadano. La Suprema Corte determinó que esta regulación corresponde exclusivamente a la Federación por ser parte de la política nacional en materia de telecomunicaciones y la herramienta nacional de identificación y acceso para utilizar servicios y realizar trámites digitales. Sin embargo, reconoció que los estados sí están autorizados para proponer estrategias y políticas de conectividad en espacios públicos que mejoren el acceso a internet. Controversia Constitucional 273/2025. Resuelta en sesión de Pleno el 02 de septiembre de 2026.
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